Desde 2025, la Agencia Tributaria española ha reforzado el análisis de los cambios de residencia fiscal de ciudadanos que afirman haberse trasladado a Portugal. Estos procedimientos afectan especialmente a profesionales que trabajan en remoto, pensionistas y contribuyentes con elevados ingresos o patrimonio, cuya situación fiscal resulta más relevante desde el punto de vista recaudatorio.
La residencia fiscal es un elemento clave para determinar el país en el que una persona debe tributar por la totalidad de sus rentas. En términos generales, se considera residente fiscal en un país cuando se permanece en él más de 183 días durante el año natural o cuando allí se sitúa el centro principal de los intereses económicos, profesionales o personales. Tanto España como Portugal aplican criterios similares, lo que puede dar lugar a conflictos de calificación cuando la situación no está claramente definida.
Portugal ha sido, en los últimos años, un destino atractivo para ciudadanos extranjeros debido a determinados incentivos fiscales, lo que ha motivado un aumento de los traslados de residencia declarados. No obstante, las autoridades españolas han detectado casos en los que el contribuyente mantiene vínculos relevantes con España —como actividad económica, vivienda habitual o núcleo familiar— mientras declara su residencia en Portugal, lo que levanta sospechas sobre la autenticidad del cambio.
Como consecuencia, la Administración tributaria española ha intensificado las inspecciones para comprobar si la residencia fiscal ha sido efectivamente trasladada. Estos controles pueden incluir solicitudes de documentación que acredite la permanencia real en Portugal, contratos de arrendamiento o adquisición de vivienda, relaciones laborales, facturación, movimientos bancarios y otros indicios que demuestren el centro efectivo de la vida personal y económica del contribuyente.
Cuando no se acredita de forma suficiente la desvinculación fiscal de España, la Hacienda española puede considerar que el contribuyente sigue siendo residente fiscal español, exigiendo la tributación por la totalidad de sus rentas y aplicando, en su caso, regularizaciones, intereses y sanciones.
Conclusión
El refuerzo de las inspecciones fiscales en materia de cambio de residencia a Portugal pone de manifiesto la creciente exigencia de las autoridades tributarias en la verificación de estas situaciones. Aunque el traslado de residencia es un derecho legítimo, debe basarse en un cambio real y demostrable de las circunstancias personales y económicas. Una planificación fiscal adecuada y el cumplimiento riguroso de los requisitos legales son esenciales para evitar contingencias fiscales y conflictos con las administraciones tributarias de ambos países.
